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Tal como recoge la prensa, el recién pactado gobierno VOX-PP para la próxima legislatura aragonesa se plantea retrotraer el fallo de la Audiencia Nacional de 2017 respecto al proyecto de embalse de Biscarrués. No se sabe muy bien si estamos ante la manifestación palpable de una política de desigualdad territorial al servicio de las oligarquías que pagan el retorno del fascio o ante el primer ejercicio de "prioridad nacional". Un enigmático sintagma nominal que parece tejido para que pueda contener cualquier cosa y que pertenece al mismo ramillete de construcciones gramaticales tramposas (colaboración público-privado, etc..) que, maridando conceptos positivos, determinan un matrimonio nefasto.
Bien es verdad que la irracionalidad hidráulica no es de exclusiva culpa del reciente pacto de las extremas derechas. En marzo de 2024, reflejaba la Red de Agua Pública de Aragón la voluntad expresada por el presidente Azcón respecto a las aguas del Ésera y su convencida vinculación a una caduca política hidráulica basada en el Pacto del Agua.
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos es parte integrante de COAGRET desde su misma creación. Compartimos el mismo convencimiento de la necesidad de seguir apostando por la Nueva Cultura del Agua a pesar del alto grado de contaminación social y anímica que parece reinar en el reino de Aragón. No podemos por menos, además de difundir sus valoraciones, mandar a las gentes de la Galliguera todo nuestro apoyo.
Reproducimos la nota de prensa de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, analiza acertadamente esta situación cuando manifiesta que el pacto VOX-PP es una apuesta hacia la ilegalidad.
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos en Defensa del Río Gállego ha recibido con preocupación, aunque sin sorpresa, la inclusión del embalse de Biscarrués en el acuerdo de gobierno suscrito esta semana entre PP y VOX en Aragón. El pacto recoge el compromiso de iniciar estudios técnicos para avalar el "interés público superior" de su construcción. La Coordinadora recuerda que ese interés público superior fue sometido al escrutinio de los tribunales y que estos lo rechazaron de forma definitiva. Una sentencia firme que no admite interpretaciones.
En julio de 2017, la Audiencia Nacional declaró nulo el anteproyecto del embalse de Biscarrués por vulnerar la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua de la Unión Europea. En mayo de 2020, el Tribunal Supremo ratificó esa anulación de manera definitiva, sentando además jurisprudencia de alcance para el conjunto de las grandes infraestructuras hidráulicas del Estado.
El Alto Tribunal determinó que la construcción del embalse incumpliría la obligación, establecida por la Directiva Marco del Agua, de no deteriorar el estado de las masas de agua y de mejorarlas progresivamente. Asimismo, confirmó que el proyecto afectaría de forma irreversible al Lugar de Interés Comunitario "Bajo Gállego", espacio protegido de la Red Natura 2000, y que destruiría un tramo fluvial de alto valor ecológico que alberga hábitats y especies de interés comunitario, algunos en peligro de extinción. La propia Comisión Europea había advertido con anterioridad al Gobierno de España de los incumplimientos del proyecto respecto a la normativa comunitaria.
Estas sentencias no son opiniones. Son resoluciones judiciales firmes que forman parte del ordenamiento jurídico vigente y que vinculan a todas las administraciones públicas, incluido el Gobierno de Aragón.
UNA PROMESA QUE NO PUEDE CUMPLIRSE
La Coordinadora entiende que incluir en un acuerdo de gobierno el impulso de un proyecto anulado por los tribunales no constituye una política de agua, sino una declaración de intenciones sin respaldo legal posible. Ningún estudio técnico puede modificar lo que el Tribunal Supremo ha resuelto, ni puede hacer compatible con la Directiva Marco del Agua un proyecto que los tribunales han declarado incompatible con ella.
Los municipios afectados —Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego— llevan décadas soportando la amenaza de ver inundados sus términos municipales, su patrimonio y su modelo de vida. Esa amenaza fue derrotada en los tribunales gracias al trabajo conjunto de los ayuntamientos afectados, de esta Coordinadora y de las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Lo ganado no se negocia.
EL RÍO GÁLLEGO, UN VALOR QUE MERECE UNA PROTECCIÓN REAL
El tramo del Gállego afectado por el proyecto es uno de los espacios fluviales mejor conservados del Pirineo aragonés. Su valor ecológico, cultural y económico ha sido reconocido por la legislación europea y ratificado por los tribunales. La comarca de la Galliguera ha apostado por un modelo de desarrollo basado en el uso sostenible de sus recursos naturales —el turismo activo, el senderismo, el patrimonio— que representa el futuro real del territorio.
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos exige al nuevo Gobierno de Aragón que respete las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que acate el marco normativo europeo en materia de aguas y espacios protegidos, y que oriente los recursos públicos hacia soluciones hídricas legales y viables para los regantes del Alto Aragón. Y traslada al Ejecutivo aragonés un mensaje inequívoco: ante esta amenaza, como ante todas las anteriores, los afectados no cederán.
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